Coordinar la promoción y defensa de los derechos humanos en la Administración Pública Federal, a fin de generar políticas públicas en las que se respeten de manera irrestricta éstos; y servir de enlace con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los gobiernos estatales, organizaciones públicas de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.