En un estado democrático de derecho es particularmente relevante el papel de los periodistas, como actores clave en el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información.
Las agresiones en su contra deben considerarse como afrentas a la democracia misma, motivo por el cual el gobierno mexicano tiene la obligación de tomar las medidas a su alcance para prevenirlas y remediarlas.
El Estado mexicano tiene la obligación de eliminar los obstáculos y restricciones ilegítimas al ejercicio pleno de la libertad de expresión, para lo cual tiene que promover acciones y medidas para fortalecer el ejercicio de la labor periodística.
El gobierno tiene que asegurar las condiciones para que la profesión periodística se pueda ejercer adecuadamente, abatir los factores que ponen en riesgo a los periodistas por sus labores, combatir la impunidad de los delitos cometidos en su contra, sobre todo en el contexto en el que se encuentra el gobierno de México al enfrentar al crimen organizado.